Desgraciadamente, ha comenzado este año 2025 con el estallido de un alarmante conflicto en la zona fronteriza de República Democrática del Congo (RDC) con Ruanda. El grupo rebelde tutsi Movimiento 23 de marzo (M23), apoyado por las fuerzas ruandesas, lanzó en enero una ofensiva en la ciudad de Goma, la tercera ciudad más grande de RDC -con alrededor de dos millones de habitantes- y capital de la provincia Kivu del Norte. Está ofensiva ha dejado tras de sí miles de personas muertas, heridas y desplazadas, sin que se permita una huida segura de la población civil o la entrada de ayuda humanitaria.
Con mayor exactitud, más de 3.000 personas han fallecido, alrededor de 4.000 han sido heridas y en torno a 350.000 personas se han desplazado en busca de refugio. Por si fuera poco, algunas zonas de la capital ni siquiera tienen suministro de agua o electricidad, como consecuencia de los daños provocados en las infraestructuras. Sin la entrada de ayuda humanitaria, miles de personas quedarán sin acceso a refugio, agua, comida, saneamiento y asistencia médica, como denuncia Amnistía Internacional.
De nuevo, RDC vuelve a ser golpeada por el conflicto. El país maldito por su riqueza está siendo objeto de una grave crisis humanitaria en la zona Este. Los ataques ejercidos por el M23 contra la población civil constituyen una flagrante violación de los derechos humanos e, incluso, posibles crímenes de guerra en el contexto de un conflicto armado, conforme al art. 8 del Estatuto de Roma (1998) de la Corte Penal Internacional. Al igual que en otros conflictos en la actualidad, se está vulnerando gravemente el Derecho Internacional Público (DIP) y sus principios fundamentales, como el respeto a la soberanía nacional y la integridad territorial de los Estados. En este sentido, desde Justicia y Paz se pide a Ruanda que cese su apoyo al grupo M23 y que se permita urgentemente en la zona objeto de conflicto la huida segura de la población civil y la entrada de ayuda humanitaria.
La máxima preocupación ahora mismo es el riesgo de expansión del conflicto al resto del territorio del país, aumentando las cifras de personas asesinadas, heridas y desplazadas. Al respecto, António Guterres, secretario general de la ONU, ya advertía de que "la escalada regional debe evitarse a toda costa".
Este conflicto entre el M23 y el Gobierno de RDC tiene su origen más remoto en el trágico genocidio de Ruanda de 1994 en el que hutus radicales asesinaron alrededor de 800.000 tutsis. Este conflicto étnico ha venido sobreviviendo hasta la actualidad. No obstante, otros factores de carácter económico influyen en la continuidad del mismo.
En este sentido, no es de extrañar el surgimiento de conflictos en la zona, teniendo en cuenta que RDC destaca por sus valiosos recursos minerales. A modo de ejemplo, posee yacimientos de diamantes, oro, cobre, cobalto, estaño, y, sobre todo, coltán, un mineral esencial en la fabricación de tecnología -ordenadores, teléfonos móviles, etc. Todo ello coloca a RDC en el punto de mira de grandes multinacionales, grupos y organizaciones criminales y Estados que pretenden sacar provecho de dicha riqueza.
Precisamente, sobre esta materia tienen que ver las acusaciones que vierte el gobierno de Kinsasa contra su país vecino, Ruanda, quien niega las acusaciones de RDC de utilizar a los combatientes del M23 para saquear minerales. Al mismo tiempo, el gobierno ruandés alega que hutus radicales autores del genocidio de 1994 se refugiaron en RDC, lo que se traduce en una amenaza para los tutsis congoleños y su propio país.
Con todo, es la población civil la que sufre las consecuencias inmediatas y devastadoras de este sangriento conflicto. Por este motivo, desde Justicia y Paz se insiste en que se priorice la seguridad de la sociedad civil frente a cualquier conflicto étnico u económico, con el objetivo de evitar que se incrementen las cifras de personas asesinadas, heridas y desplazadas.
Mª Isabel Merino, voluntaria CGJP
