Inmigración: Un Pacto europeo para la muerte
Lo ha vuelto a hacer, pese a las argumentadas protestas de las ONG y la sociedad civil. Tal como se temía, el Parlamento Europeo aprobó definitivamente el 10 de abril el nuevo Pacto sobre Migraciones y Asilo de la Unión Europea (UE), que llevaba varios años negociándose entre las fuerzas políticas con notable opacidad. La negociación para llegar al Pacto se fue endureciendo al ganar peso las posiciones más xenófobas de la extrema derecha en el Continente.
Las terminologías diplomáticas, los lenguajes elusivos y las expresiones deliberadamente farragosas y de difícil comprensión, no llegan a ocultar las políticas racistas, eurocéntricas y estigmatizantes, que algunos han llamado "necropolítica migratoria". Aparece una nueva normativa que tendrá catastróficas consecuencias para las vidas de millones de personas, familias, niños y niñas que huyen de persecuciones, guerras, expolio y genocidios, en opinión unánime de las ONG. "Hará retroceder durante decenios el derecho de asilo europeo y causará más sufrimiento humano", ha declarado Amnistía Internacional.
El nuevo pacto dice adiós a la "solidaridad" en el proceso de reubicación de personas refugiadas, que había nacido en 2015 y según el cual los Estados deberían asumir cuotas en el reparto de estas personas. El acuerdo fija un umbral de acogida de 30.000 personas al año, que deberán repartirse entre los Estados miembro de la UE. Los Estados que se nieguen a recibirlos deberán pagar 20.000 euros por cada persona rechazada.
Miembros del Parlamento europeo y del resto de instituciones de la UE han eludido sus responsabilidades en la protección de las personas refugiadas. Se han negado a abrir y ampliar vías seguras y posibles para que la gente alcance la protección en Europa sin hacer trayectos peligrosos. Asimismo se han negado a invertir en una acogida digna para quienes solicitan asilo en Europa, con asistencia social y seguridad para todos los actores. Y han aprobado el conjunto de políticas migratorias más mortíferas de la historia, que significarán criminalización, más perfiles raciales y cárceles junto a mayor cantidad tecnología armamentística para la vigilancia de las fronteras.
El Pacto constituye un paso más para negar el derecho de asilo, con un examen más rápido de las solicitudes y medidas con las que garantizar deportaciones igualmente más rápidas y efectivas. Reafirma la externalización de las fronteras y las devoluciones sumarias ilegítimas y a menudo violentas. Amplía hasta doce semanas los plazos en que las personas inmigrantes pueden ser detenidas mientras se resuelven los expedientes. Se trata de que no lleguen, de externalizar fronteras y aplicar procedimientos acelerados que violan el principio de no devolución.
Las personas que traten de entrar en el Continente de manera irregular serán sometidas a un "control previo" en las fronteras por medio de huellas dactilares y rasgos faciales mediante sistemas biométricos; en ese proceso se incluirá a menores a partir de los seis años. Los controles tecnológicos facilitarán la persecución y fiscalización de las personas migrantes, pero ningún mecanismo asegura una evaluación justa de sus necesidades de protección. Para la mayoría de estas personas, la solicitud de asilo acabará en las "fronteras externas" desde donde serán expulsadas.
Se abre de par en par la puerta a los abusos contra los derechos humanos, proporcionando un respaldo "legal" a la privación arbitraria de libertad. Más gente será detenida en esas fronteras, incluidas familias con menores de edad. También se institucionalizarán, con todas las facilidades, las "devoluciones en caliente" de las personas migrantes a sus tierras o a "terceros países seguros", un eufemismo para designar a los Estados que colaboran con la Unión Europea, no pudiendo ser considerado ninguno de ellos seguro para estas personas.
El Pacto precisa que en situaciones de crisis, como el caso de las llegadas masivas de migrantes, podrán suspenderse de facto los (pocos) derechos en frontera. Y refuerza la práctica europea de pagar a países no pertenecientes a la UE para que hagan el trabajo sucio.
Desde que en 2017 la UE inició el apoyo a la guardia costera libia para que interceptara balsas de personas migrantes y refugiadas, han proliferado otros infamantes acuerdos con países como Túnez, Marruecos, Egipto o Turquía, todos ellos conocidos por su falta de respeto a los derechos humanos. La UE ha regado con muchos millones de euros a esos regímenes dictatoriales a cambio de que ejerzan el control migratorio. En el futuro habrá más acuerdos con regímenes despóticos.
Cabe señalar que en esos países se encierra a las personas migrantes en centros de detención que han sido comparados acertadamente con campos de concentración, gestionados por criminales donde se practican habitualmente la tortura, la extorsión y la violencia sexual y donde con frecuencia mueren personas por inanición y negligencia médica.
En el Pacto no encontraremos una palabra sobre operaciones públicas de rescate para prevenir las muertes de quienes naufragan en el Mediterráneo, que cada año se cobra la vida de más de 3.000 personas intentando llegar a Europa. Únicamene las ONG realizan actualmente ese trabajo, permanentemente obstaculizado por las autoridades.
"Es evidente que, para la mayoría de los eurolegisladores, la prioridad es cerrar las fronteras, no proteger a las personas, incluidas las familias y los niños que escapan de la violencia, los conflictos, el hambre y la muerte buscando protección en Europa". Es la reflexión de Save the Children. Las ONG y las fuerzas de izquierda, en general, califican el Pacto como una "tumba" para los derechos humanos y el derecho de asilo.
Algunas personas del Parlamento europeo dicen que era necesario sacar ahora este acuerdo, ya que retrasarlo podría empeorarlo aún más, ante la previsión de una masiva presencia de la ultraderecha en la Eurocámara en pocos meses. Otros opinan que el Pacto abre más aún las puertas a las posiciones xenófobas y racistas que quieren gobernar Europa. Ésta ha dado la espalda a Ayllan, aquel niño de tres años que apareció ahogado en la costa de Turquía en 2015, que removió las conciencias europeas ante el drama de millones de personas que intentaban llegar a Europa, huyendo de los infiernos creados por Occidente en Siria, Irak y Afganistán. Gran número de menores han muerto desde entonces. Y aumentará esta cifra mientras a clase política construye la "Europa fortaleza".
Waldo Gerardo Fernandez