El avance hacia la sociedad insegura

11.02.2025

Un adelanto de los resultados de la EINSFOESSA 2024. Actualmente, en España 9,4 millones de personas están en situación de exclusión social, un dato que nos alerta de la importancia de ponernos a trabajar por la justicia social. A su vez, la integración plena, es decir, la parte de la sociedad que no tiene ningún rasgo de exclusión social, se reduce al 45% desde el 49% que suponía en 2007. Del mismo modo, se ha producido un engrosamiento de las situaciones severas de exclusión social y 4,3 millones de personas tienen graves dificultades en sus condiciones de vida.

Así lo confirma el avance de resultados de la Encuesta sobre Integración y necesidades Sociales (EINSFOESSA) de 2024 recogidos en el informe Análisis y Perspectivas de 2024. Un macrodiagnóstico de casi 12.300 cuestionarios que fotografía la situación y condiciones de vida de las familias residentes en España. La imagen que mostramos es, por tanto, el reflejo del conjunto de nuestra realidad social y de sus injusticias.

Los datos nos indican que ahondamos en esa sociedad insegura en la que no tenemos la certeza de poder seguir manteniéndonos en la planta que actualmente ocupamos en el edificio social, y son dos las cuestiones que mayor peso tienen en la merma de la capacidad de los hogares para el desarrollo de sus procesos vitales: el desgaste para tener y mantener una vivienda y la ineficacia del empleo para dar estabilidad a las familias. Abordaremos también una cuestión fundamental que viene atravesada por estas dos: la brecha generacional existente, que es cada vez más profunda y que amenaza el futuro de la juventud y la infancia de hoy y, por tanto, nuestro futuro como sociedad.

El empleo continúa perdiendo capacidad integradora

Nos encontramos en un momento en el que ha aumentado el número de personas ocupadas, la población activa, y el propio empleo. Pero es importante establecer una distinción: los puestos de trabajo creados han sido duales: de un lado, se crea empleo formal, estable y con potencial integrador y, de otro, se crean empleos en sectores con baja remuneración y estabilidad, en los que más fácilmente encuentran una oportunidad las personas más vulnerables. En España un 12% de personas que trabajan afrontan pobreza económica a pesar de sus rentas del empleo, y 1 de cada 10 personas trabajadoras está en exclusión.

En paralelo, los datos señalan una reducción del desempleo, una buena noticia. Sin embargo, debemos observar más allá y complementar este con otro dato, pues 1 de cada 3 personas desempleadas están en situación de exclusión severa. Si, además, la persona que carece de empleo es la sustentadora principal del hogar, la exclusión social severa alcanza a la mitad de los hogares, lo que nos sitúa en la realidad de un desempleo insuficientemente protegido.

La estrecha relación entre el desempleo y la exclusión social pone de manifiesto la necesidad de complementar las políticas activas de empleo con medidas de apoyo social y de establecer una colaboración efectiva entre los servicios sociales y los servicios de empleo de forma urgente para garantizar una intervención integral y eficaz.

La crisis de la vivienda: un derecho no garantizado

Si hay una cuestión que se ha manifestado como especialmente relevante en los presupuestos familiares esa es la vivienda. De hecho, todos los indicadores que recoge la EINSFOESSA nos informan de que los riesgos de exclusión en la vivienda han empeorado y más de 4,6 millones de hogares sufren dificultades relacionadas con el acceso y el mantenimiento de la vivienda en 2024. En particular, la sobrecarga que supone este gasto, provoca que 2,7 millones de hogares caigan en situación de pobreza severa tras el pago de la vivienda y los suministros.

Es una tendencia que viene de atrás y cuyas perspectivas nos preocupan, pues la proporción del presupuesto familiar dedicado a pagar la vivienda sigue aumentando, y afecta tanto a la compra como, de forma más aguda, al alquiler.

En aquellos hogares con menor renta y que, por tanto, sufren situaciones de pobreza, se dedica a día de hoy más del 70% de sus ingresos al pago del alquiler. Si hacemos una mirada retrospectiva, el desembolso era del 48% en 2007, lo que significa que el esfuerzo en el pago de la vivienda de las familias con menos recursos es un problema cada vez más grave.

Las diferentes estrategias que las familias activan para afrontar estas situaciones tienen implicaciones sobre su calidad de vida, tanto en lo relativo a la salud física, como podemos relacionar en el caso de barreras arquitectónicas, humedades, plagas, inseguridad social o riesgos asociados al hacinamiento, como a nivel de salud mental y desarrollo personal y familiar, al carecer de un espacio de seguridad e intimidad. Todo ello en un marco de inseguridad jurídica y legal, en muchos casos.

Se amplía la brecha generacional

Todo lo anterior impacta de distintas maneras a las diferentes cohortes de edad. Los datos de exclusión nos muestran una evolución positiva y sostenida en el tiempo en la protección frente a la exclusión social para los mayores de 65 años y quienes se encuentran cubiertas por una pensión. La tasa de exclusión de este grupo poblacional se ha reducido a la mitad entre 2007 (16%) y 2024 (8%). La exclusión social más severa ha seguido la misma tendencia y para los mayores de 65 años alcanza valores residuales en 2024 (2%). Una tendencia que evidencia dos hechos relacionado con los puntos previos: una menor presión al pago de la vivienda de los más mayores, así como el valor de integración social que posee el sistema de pensiones.

En el lado opuesto de la línea generacional, los datos registran un periodo de empeoramiento para las personas más jóvenes que merma sus oportunidades, perspectivas y capacidades de generar proyectos vitales emancipatorios. Se perpetúan situaciones de pobreza y exclusión y, como resultado, aumenta la desigualdad generacional. Es muy preocupante que la exclusión social severa en la infancia sea ahora (15%) más del doble que en 2007 (7%) y que se haya un incrementado un 83% para la juventud de entre 18 y 29 años (del 6% en 2007 al 11% en 2024).

Algunos retos que hemos de afrontar

Los elementos presentados son solo algunos de los múltiples indicadores que nos deberían alertar de que nuestra sociedad camina hacia la sociedad de la inseguridad, en parte por la inercia propia de una estructura social y económica que se aleja de los principios del bien común, de la equidad, y de la justicia social.

En concreto, haremos referencia a tres retos clave en función de lo expuesto anteriormente:

1. Lograr que todas las personas tengan unas condiciones de vida dignas independientemente de su relación con el empleo, lo que nos expone a la necesidad de seguir desarrollando el sistema de garantía de ingresos mínimos. En paralelo, debemos reforzar nuestro sistema de protección social para garantizar también el derecho a la inclusión social.

2. Ampliar y reforzar las políticas públicas de vivienda. Es urgente generar un parque de vivienda público extenso, así como luchar contra las manifestaciones de exclusión residencial.

3. Afrontar y prevenir las situaciones de pobreza y exclusión social que afectan a la infancia. Para lograrlo, tanto la cobertura como el impacto de las prestaciones monetarias dirigidas a familias e infancia deben alinearse a los modelos y cuantías de otros países de nuestro entorno.Y, aunque reclamamos principalmente el rol de nuestro sistema público como garante de los derechos, no debemos olvidar la necesidad de desarrollar la comunidad como modelo colectivo para afrontar los retos sociales que tenemos delante. Esto, además de bueno, es necesario para el cambio social que nos exige el mundo de hoy.

Marina Sánchez-Sierra.
Equipo Técnico de la Fundación FOESSA y equipo de Estudios de Cáritas Española.