A dos años de la masacre de Melilla
Tuvimos que frotarnos varias veces los ojos para cerciorarnos de que lo que veíamos era lo que veíamos: migrantes muertos y vivos heridos apilados unos sobre otros, en lo que se considera uno de los crímenes más graves cometidos por la gestión discriminatoria y militarizada de las fronteras europeas en las últimas tres décadas.
Era el 24 de junio de 2022. Unos 1.700 migrantes, en su mayoría sudaneses, intentaron cruzar la valla fronteriza que separa la ciudad marroquí de Nador del enclave español de Melilla. La policía española y marroquí hizo un uso desmedido de la violencia y la deshumanización para atacar a los migrantes desde los dos lados de la frontera. Se ha documentado que emplearon gas lacrimógeno, gas pimienta, balas de goma y palos.
Al menos 27 personas -organizaciones sociales las hacen ascender a 37- fueron asesinadas y más de 70 siguen desaparecidas. Se negó a los migrantes la atención sanitaria de emergencia y se devolvió ilegalmente (devoluciones en caliente) al menos a 470 de ellos, según Amnistía Internacional.
Las versiones oficiales de ambos países eximieron de cualquier responsabilidad a las fuerzas de seguridad y responsabilizaron de la tragedia a los propios migrantes. La muerte y las heridas, según las autoridades, se debieron al "intento de atravesar a la fuerza el puesto fronterizo en medio de una intensa estampida y aglomeración". Con esa posición han pretendido cerrar en falso el caso y se han negado a investigar con rigor los hechos. Solo organizaciones sociales y medios de comunicación han intentado dilucidar hechos y responsabilidades.
A dos años de la masacre, el Centro para la Defensa de los Derechos Humanos Irídia, Border Forensics y la Asociación Marroquí de Derechos Humanos han realizado una investigación que desmiente las versiones oficiales y sostiene que las personas migrantes fueron inicialmente atacadas desde todos los flancos con material antidisturbios, con una violencia desproporcionada, por parte de las fuerzas de seguridad marroquíes y españolas.
El informe desmonta las versiones oficiales y señala a los responsables. Días antes, los agentes marroquíes incrementaron su hostigamiento sobre los migrantes en los bosques de la región de Nador. Los campamentos fueron destruidos y los agentes confiscaron o quemaron bienes y alimentos. El resto lo hizo un infiltrado, un topo de la policía, que los convenció para que se dirigieran al paso fronterizo para asaltar la valla.
La investigación concluye que los agentes de seguridad españoles cometieron numerosos actos de violencia y abusos contra los migrantes, sometiéndolos a un trato inhumano y degradante, y que los "enviaron a la muerte y la tortura". Una violencia, agrega, que "solo es entendible desde el racismo, la negrofobia y el colonialismo".
Cámaras de seguridad españolas registran ininterrumpidamente el lugar en el que se produjeron los hechos. Sin embargo, "no existen" las imágenes correspondientes a tres horas, cuando tuvo lugar la tragedia. ¿Cómo explicar esto?
Tras la tragedia, las autoridades marroquíes detuvieron a centenares de migrantes. Unos fueron alejados en autobuses hacia el interior o sur del país y otros fueron procesados, de los que 61 fueron condenados a penas de hasta tres años de cárcel.
Waldo Fernández, colaborador.