La Declaración de Reikiavik: ¿un paso adelante para los derechos sociales?
Jefes de Estado y de Gobierno de los 46 países miembros del Consejo de Europa se reunieron en una Cumbre en Reikiavik los días 16 y 17 de mayo de 2023. Este tipo de reunión de alto nivel es poco frecuente, ya que sólo se trata de la 4ª Cumbre desde la fundación de la organización en 1949. En primer lugar, fue la exclusión de la Federación Rusa el 16 de marzo de 2022, tras su agresión armada contra Ucrania, lo que motivó la organización de esta Cumbre. Pero también es una oportunidad histórica para reafirmar los valores fundacionales del Consejo de Europa -los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho- y para revisar su misión a la luz de los retos actuales y de las nuevas amenazas. También se examinaron las prioridades, estrategias y funcionamiento de la organización para introducir las reformas y cambios necesarios.
Teniendo esto en cuenta, la Conferencia de ONG Internacionales (CONGI), que es la voz de la sociedad civil organizada en el Consejo de Europa, reconocida como el órgano representativo con estatuto participativo, aprovechó la oportunidad para dirigir una Recomendación específica a la Cumbre de Reikiavik. Insistió en la necesidad de reforzar el sistema europeo para garantizar todos los derechos humanos, tanto en el marco del Convenio Europeo de Derechos Humanos como de la Carta Social Europea. Se presta especial atención a los derechos económicos, sociales y culturales, en nombre de la indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos, principios reconocidos por la comunidad internacional.
Si bien la Comisaria de Derechos Humanos, Dunja Mijatović, expresó su esperanza de que la Cumbre contribuyera a "invertir el retroceso actual en materia de derechos humanos", subrayando la atención que debe prestarse a los derechos económicos y sociales, ¿qué ha sido de la respuesta de Jefes de Estado y de Gobierno sobre el lugar de estos derechos en la estrategia del Consejo de Europa?
El título de la Declaración, "Unidos en torno a nuestros valores", recuerda inmediatamente el objetivo que subyace a la creación del Consejo de Europa: aumentar la cooperación entre los Estados para defender los valores europeos de democracia y protección de los derechos humanos. Así, la atención prestada a estos "valores fundamentales" implica tener en cuenta los derechos económicos, sociales y culturales, que forman parte integrante de los derechos protegidos por el Consejo de Europa.
La notable referencia del §24 de la Declaración al principio de "justicia social", que es "una forma crucial de estabilidad y seguridad democráticas", sustenta todos los derechos sociales, económicos y culturales. Por consiguiente, aparece el compromiso pleno de aplicar los derechos sociales garantizados por el sistema de la Carta Social Europea. Concretamente, está prevista la organización de una conferencia de alto nivel para definir otros compromisos en el marco de la Carta. La defensa de los derechos sociales es, pues, uno de los principales objetivos de la nueva visión estratégica del Consejo de Europa. Evidentemente, la CONGI está dispuesta a contribuir a estos nuevos avances, como ya ha hecho en el pasado.
Además de esta mención explícita de los derechos sociales, la Declaración afirma la necesidad de reconocer la dignidad y la igualdad como fundamento de la sociedad. Por lo tanto, la lucha contra la discriminación se llevará a cabo de manera interseccional para lograr una sociedad inclusiva, libre de marginación, exclusión, racismo e intolerancia, teniendo en cuenta la discriminación múltiple a la que se enfrentan los grupos e individuos vulnerables. Estos objetivos son inherentes a los derechos sociales, económicos y culturales que los Estados deben garantizar que se apliquen y respeten de conformidad con las normas del Consejo de Europa. En aplicación del principio de indivisibilidad de los derechos, la dignidad de la persona no puede ni debe escindirse entre dos esferas: el Consejo de Europa se compromete a consolidar este enfoque holístico.
Un análisis de la Declaración de Reikiavik muestra una atención adicional a los derechos económicos, sociales y culturales. En primer lugar, se presta especial atención a la educación. La transmisión de los valores democráticos y el patrimonio cultural del Consejo de Europa a la juventud se considera una cuestión fundamental. Este enfoque social de la educación está en consonancia con la promoción de los derechos de la infancia (§18), dando prioridad a la situación de este colectivo en Ucrania (Apéndice II). Los Estados se comprometen a garantizar la protección de todos sus derechos humanos, incluidos explícitamente sus derechos sociales. Se tomarán medidas para defender el "derecho a la vida, a vivir sin violencia, al respeto de su vida familiar, a la no discriminación, a disfrutar de su propia lengua y cultura, a la seguridad social, al más alto nivel posible de salud física y mental, a la educación y la vivienda, y al acceso a la justicia" de la infancia de Ucrania. La cuestión de la educación se aborda más ampliamente en los Principios de Reikiavik para la Democracia, recogidos en el Anexo III de la Declaración. Las iniciativas y programas de educación en derechos humanos y valores democráticos son esenciales para su transmisión y sostenibilidad.
La CONGI también propuso y espera compromisos sobre la crisis climática y la protección del medioambiente. En el §28, se subraya la urgencia de la situación: son necesarios esfuerzos suplementarios para proteger el medio ambiente y limitar la crisis climática, cuyo impacto sobre los derechos humanos es ineludible. El Anexo V del documento está dedicado a los compromisos medioambientales del Consejo. Para ello, se recuerda la jurisprudencia y la práctica del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Comité Europeo de Derechos Sociales, que se sitúan al mismo nivel (§.4). Se establece el vínculo lógico entre la protección del medio ambiente y la protección de los derechos sociales. En el § 6 de este anexo, se precisa la importancia del paisaje para el bienestar individual y social, del que se derivan derechos y responsabilidades. Se subraya así el papel del Convenio Europeo del Paisaje y su repercusión en el interés público en los ámbitos ecológico, medioambiental y social.
El papel de la sociedad civil, esencial para el buen funcionamiento de la democracia, se menciona varias veces en la Declaración. La CONGI, con sus 300 miembros que gozan de un estatuto participativo, está en el centro de la cooperación entre el Consejo de Europa y la sociedad civil. Por último, se hace un llamamiento para "seguir reforzando el alcance de la Organización y su compromiso significativo con las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones nacionales de derechos humanos". (§.40).
Anna Díaz y Jean-Bernard Marie,
Universidad de Estrasburgo